Salud y Seguridad en las Escuelas

Los estudiantes inmigrantes y sus familias tienen derecho a acceder a la educación pública sin temor a discriminación ni intimidación. La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar de 1974 (FERPA) impide que las escuelas y el personal escolar compartan información sobre los estudiantes que pueda utilizarse para identificarlos a ellos o a sus familias. Esto incluye aspectos como las calificaciones y los horarios de clases, así como el estatus migratorio. Según el Departamento de Educación del estado, las escuelas públicas de Delaware no deben preguntar sobre el estatus migratorio de los estudiantes ni de sus familias.

A medida que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intensifica sus esfuerzos de control, la falta de garantía de la seguridad y la privacidad de los estudiantes y familias inmigrantes tendrá un impacto negativo en el acceso a la educación. Para combatir esto, las escuelas deben limitar la información recopilada de los estudiantes, proporcionar diversos medios para obtener la información necesaria para la inscripción, considerar el período de conservación de los datos y revisar las políticas y prácticas del distrito con respecto a la gestión y el uso de los datos estudiantiles.

Las juntas escolares pueden adoptar una política distrital oficial de no preguntar sobre el estatus migratorio o información relacionada, ni detener o denunciar a estudiantes y miembros de la familia con fines de control migratorio.

La eliminación de la política que impedía al ICE entrar en lugares sensibles como las escuelas ha dejado a muchas familias inmigrantes con miedo de llevar a sus hijos a la escuela. Abrir las escuelas a la violencia migratoria socava los valores de nuestra nación y tiene consecuencias peligrosas para el acceso a la educación.

Para los estudiantes y familias inmigrantes, la amenaza y los rumores de la presencia del ICE en las escuelas y sus alrededores son suficientes para generar un efecto disuasorio en el acceso a la educación. Según la Asociación Nacional de Educación, los educadores de todo el país han reportado aumentos significativos en el absentismo escolar desde que se derogó la política sobre lugares sensibles.

Los miembros de la junta escolar tienen la facultad de garantizar que nuestras escuelas no colaboren voluntariamente con iniciativas que aterrorizan a las familias inmigrantes. Pueden apoyar políticas que limiten la aplicación de la ley por parte del ICE en las escuelas o impedir que las fuerzas del orden de Delaware colaboren con la aplicación de la ley por parte del ICE en las escuelas.

Infundir miedo a la deportación en las familias inmigrantes mientras llevan a sus hijos a la escuela hace que nuestras comunidades sean menos saludables y menos seguras para todos. Los miembros de nuestra junta escolar tienen la responsabilidad de garantizar que todos los estudiantes y familias se sientan seguros en la escuela, independientemente de su estatus migratorio.

El conocimiento es poder y nadie debería sentirse inseguro por no saber lo que hace. Cuando el personal, los estudiantes y las familias saben lo que dice la ley, están mejor preparados para protegerse a sí mismos y a la comunidad escolar.

Las escuelas tienen derecho a compartir información veraz y obtenida legalmente sobre la aplicación de la ley e informar a las personas sobre sus derechos legales. Al fomentar la amplia distribución de los recursos "Conoce tus Derechos", en particular los centrados en la protección de los inmigrantes y la comunidad LGBTQ+, así como en el derecho a la protesta estudiantil, las juntas escolares pueden desempeñar un papel fundamental al empoderar a las personas con el conocimiento necesario para crear una comunidad escolar más segura. Las juntas escolares tienen la facultad de garantizar que estos materiales estén disponibles en las aulas, oficinas, sitios web escolares, comunicaciones y otros lugares de fácil acceso.